La última bala de Franco

Hoy quería escribir algo sobre las elecciones al Parlament de Catalunya. Ya sabéis, un repaso de las opciones de voto, alguna reflexión sobre la opción independentista de JpS y CUP, la unionista de PP y C’s, la tercera vía de PSC y Podemos, una aclaración histórica de por qué España nunca ha sido una nación, la exposición de mi postura (republicana-federalista), etc. No lo voy a hacer. Primero, porque no considero que el eje sobre el que se han desarrollado estas elecciones sea el adecuado como para debatirlas seriamente, y segundo, porque he encontrado algo más importante sobre lo que hablar este día: se cumplen 40 años de los últimos asesinatos ordenados por el último dictador fascista de Europa.

Quiero que esta entrada sea la primera de una serie en la que pretendo explicar cómo se extienden los restos del franquismo por la sociedad española, que en algunas estructuras como el sistema militar, judicial y parte del económico apenas se ha visto alterado. Lo contaré a partir de la historia de los últimos años de la dictadura, recurriendo siempre que pueda a fuentes originales, y valiéndome de ensayos y artículos históricos en blogs, periódicos y revistas, entre los que destaco los de Manuel García en el Blog del viejo topo.

Desde que terminó la guerra civil, el franquismo se constituyó como un régimen armado, con unas leyes hechas para articular una sociedad donde los vencedores sentían que tenían que humillar a los vencidos, fuera a través de batallones, trabajos forzados o la privación económica. Se instauró una sociedad del miedo donde la gente vencida no se atrevió ni a hablar, ya que bastante tenía con hacerle frente al frío, al hambre y a la humillación. Sin embargo, la capacidad de lucha de los oprimidos siempre ha estado ahí, y a finales de los años 60 la gente empezó a reorganizarse a nivel social, político y armado, con movilizaciones obreras y estudiantiles. Esto es lo que pretendo explicar durante estas entradas, ahondando también en el proceso de la Transición y en la monarquía.

 

 

España en 1975

 

Como he dicho, hoy se cumplen 40 años de los últimos fusilamientos ordenados por la dictadura de Franco, aunque veremos que no fueron las últimas víctimas del franquismo.

Era 1975. El clima político y social era muy tenso desde hace tiempo. Arreciaban las luchas obreras, con múltiples huelgas y cientos de despedidos por la actividad sindical, manifestaciones a ritmo de pelotazos de goma,  gases lacrimógenos y grises cargando a caballo, duras cargas policiales a golpe de porras o culatazos del arma reglamentaria, detenciones aleatorias, torturas, universidades en pie de guerra, numerosas publicaciones cerradas, expedientadas o secuestradas, periodistas procesados, actores detenidos… Los partidos en la clandestinidad tenían cada vez más fuerza (Partido Comunista de España, Partido Socialista Popular, Partido del Trabajo de España, etc.), en especial desde que formaron la Junta Democrática de España en la que también entraron personas independientes y sindicatos como CCOO que buscaban la ruptura con el régimen. Aun así, en esos años se detuvo a numerosos líderes sindicales o militantes antifranquistas, muchos de los cuales murieron en las mismas comisarías. Tras años de organización se convocó una huelga en Madrid, a principios de junio de 1975, que reunió a más de 200.000 trabajadores. Aunque se silenció en los medios, este hecho provocó una gran preocupación en el régimen agonizante y se empezó a hablar sobre una ley contra el terrorismo que incluiría las huelgas.

Por otro lado, desde hace algunos años se estaban produciendo atentados contra el franquismo, entre los que destacó la acción de ETA que acabó con la vida del presidente del gobierno Carrero Blanco. También se atribuyeron otras acciones armadas a ETA sin aclarar las circunstancias ni aportar pruebas, asi como al grupo FRAP que surgió de la escisión marxista-leninista del PCE.

 

 

Cronología de los atentados

 

Garmendia y Otaegi

El 3 de abril de 1974 se había producido la muerte en atentado del cabo de la Guardia Civil Gregorio Posada, en Azpeitia. José Antonio Garmendia Artola (Tupa), fue detenido el 28 de agosto de 1974 en Donostia junto a José María Arruabarrena Esnaola, en el curso de un enfrentamiento con la Policía por el cual ambos activistas cayeron heridos –la policía había disparado pese a que los dos habían salido corriendo de su coche sin armas–. A Garmendia un policía le intentó rematar con un tiro en la cabeza, pero cuando se le recogió se vio que estaba vivo; en el hospital se le aplicó una lobotomía y quedó disminuido mentalmente y en silla de ruedas. Pese a ello fue interrogado cuando estaba hospitalizado, y como no podía moverse ni firmar se le obligó a poner su huella dactilar en una declaración confeccionada en que se decía que había estado antes del atentado en casa de Ángel Otaegi Etxeverria, y que después del atentado se refugió en la misma casa. Otaegi, a quien se detuvo el 14 de noviembre, declaró que él no sabía nada del atentado y que recibió a Garmendia las dos veces en su casa porque le conocía, pero fue detenido acusado de colaboración con el atentado.

Portada de Mundo Obrero, 1ª semana de septiembre de 1975. Todavía no se habían celebrado los Consejos de Guerra contra los miembros del FRAP, que acabarían con 3 condenas más a muerte.

 
Juan Paredes, «Txiki»

El 6 de junio de 1975 murió en atentado el policía armado Ovidio Díaz López, en un atraco a una sucursal del Banco Santander en Barcelona. El 30 de julio es detenido Juan Paredes Manot, “Txiki”, acusado de ser el autor material de esa muerte –además se le acusó de otras acciones armadas, como del atentado contra el subinspector José Díaz el 29 de marzo–. Junto a él se detuvo a Iñaki Pérez Beotegui.

En esas fechas no se había puesto en vigor la ley antiterrorista, por lo que como máximo, según la legislación, a los tres días debía salir del poder policial y ser puesto en libertad o encarcelado. Txiki permanece cinco días en la Comisaría Central de Barcelona, recibiendo torturas durante los interrogatorios. Al quinto día ingresa en prisión en la cárcel Modelo y el 21 de agosto sus abogados logran entrevistarse con él, después de serle levantado el decreto de incomunicación. En la cárcel, Txiki se declara en huelga de hambre en protesta por las acusaciones a Garmendia y Otaegi.

 

Atentados atribuidos al FRAP

1) El 14 de julio de ese año murió en atentado el policía armado Lucio Rodríguez, en la calle Alenza de Madrid. Días después fueron detenidos los siguientes miembros del FRAP: Manuel Blanco Chivite, 30 años, periodista (ya detenido y torturado en diciembre de 1970 con motivo de las manifestaciones contra el proceso de Burgos, y en agosto de 1973); Pablo Mayoral Rueda, 24 años, mecánico; José Humberto Baena Alonso, 24 años, peón de fundición; Fernando Sierra Marco, 19 años, estudiante, y Vladimiro Fernández Tovar, 21 años, campesino (ya detenido y juzgado por el TOP a la edad de 17 años).

2) El 16 de agosto murió en atentado el teniente de la Guardia Civil Antonio Pose, en el barrio madrileño de Batán. Días después fueron detenidos otros miembros del FRAP: José Luis Sánchez-Bravo Solla, 21 años, estudiante de Física; Manuel Cañaveras de Gracia, 20 años, estudiante de C.O.U.; Ramón García Sanz, 27 años, soldador; María Jesús Dasca Penelas, 20 años, estudiante; Concepción Tristán López, 21 años, enfermera, y José Fonfría Díaz, 29 años, licenciado en Biológicas y profesor de instituto.

Para las detenciones, la “eficaz” policía española hizo lo de siempre: detenciones masivas en casi toda España de militantes del FRAP y de otros grupos, yendo sobre todo a por los fichados y los que fueran cayendo. Alguno cantaría después de interrogatorios y tremendas torturas de la famosa la Brigada Político Social (cuerpo represor de la Dictadura que no desapareció hasta 11 años después, bajo el mando de sádicos como el comisario Roberto Conesa y sus lugartenientes Carlos Domínguez Sánchez y Antonio González Pacheco, «Billy el Niño»). En ambos casos, las únicas pruebas que hubo para acusar a estos detenidos fueron sus propias declaraciones ante la policía y la Guardia Civil, obtenidas bajo tortura y aceptadas posteriormente en el sumario.

 

 

La ley antiterrorista

 

Con la excusa de los actos de terrorismo, pero siendo la verdadera razón la agitación político-social de los trabajadores, el gobierno de Arias Navarro reunido en el Pazo de Meirás, bajo la presidencia de Franco, sacó el 26 de agosto el Decreto-Ley Antiterrorista, que se incluyó en el código penal militar. Dicho decreto permitía celebrar Consejos de Guerra contra civiles, incluso «sumarísimos», que hasta entonces eran solamente aplicados en casos de guerra por deserciones o traición. A nivel social se intentó lo que hoy día se conoce como la Doctrina del Shock (adoptar de repente una actitud de fuerza con castigos tremendos, de forma que esa actitud aterrorice al resto de la población), puesto que en el artículo 10, la ley incluye a:

Los que, públicamente, sea de modo claro o encubierto, defendieren o estimularen aquellas ideologías a que se refiere el artículo cuarto de esta disposición legal; o el empleo de la violencia como instrumento de acción política o social.

Es decir, que a partir de entonces cualquier tipo violencia social, como huelgas o manifestaciones, estaban incluidas y castigadas por esta ley.

 

 

Consejos de Guerra

 

Aunque los atentados se cometieron antes de la publicación de la Ley Antiterrorista, ésta se aplicó con retroactividad, lo cual se considera una irregularidad en cualquier jurisprudencia. La consigna del gobierno es que hubiera al menos una ejecución por cada atentado, ya que se intentaba demostrar que la España de Franco no estaba tan debilitada como se pensó después del proceso de Burgos, donde se indultó a seis miembros de ETA en sus respectivas condenas a muerte.

Burgos, 28 de agosto. Se celebró un Consejo de Guerra sumarísimo en el que fueron juzgados Garmendia y Otaegi. Garmendia iba con las facultades disminuidas en silla de ruedas y los testigos no lo reconocieron, pero se usó contra él la declaración donde le habían obligado a dejar la huella digital. Contra Otaegi, la única prueba fue esa declaración. Las numerosas pruebas en contra de la participación de Garmendia y Otaegui en el atentado presentadas por sus abogados, testigos incluidos, fueron desechadas, como era habitual. En otras circunstancias, a Otaegui se le hubiera condenado a prisión, pero como desde el gobierno estaban dispuestos a indultar a Garmendia por su estado físico, la defensa no logró evitar que se les condenase a muerte a ambos.

Madrid, 11 de septiembre. En El Goloso se celebró un Consejo de Guerra sumarísimo contra «los cinco del FRAP», como decía la prensa. A primera hora de la mañana sacaron, uno por uno, a los cinco acusados de sus celdas, donde permanecían incomunicados, y cuya defensa sólo había recibido el sumario 24 horas antes. Para el fiscal militar (el teniente coronel del Ejército Ramón González Arnao), resultaba suficiente con el sumario confeccionado por la policía y el juez militar, y pedía la pena de muerte para cinco de ellos: Manuel Blanco Chivite, Pablo Mayoral Rueda, José Humberto Baena Alonso, Fernando Sierra Marco y Vladimiro Fernández Tovar. Se rechazaron todas las pruebas de la defensa, aunque la acusación no presentó ningún tipo de prueba pericial (balística, huellas…), ni siquiera las supuestas armas del atentado. Finalmente fueron condenados a muerte Manuel Blanco Chivite, José Humberto Baena Alonso y Vladimiro Fernández Tovar (Pablo Mayoral Rueda y Fernando Sierra Marco fueron condenados, respectivamente, a 30 y 25 años de reclusión mayor).

Madrid, 18 de septiembre. En las mismas dependencias se celebró otro Consejo de Guerra sumarísimo contra otros seis militantes del FRAP. Durante el juicio fue tal la cantidad de cuestiones previas y recursos planteados por los defensores que el presidente del Tribunal los expulsó de la sala bajo guardia militar. Finalmente, José Fonfrías Díaz fue condenado a 20 años de reclusión y otros cinco procesados fueron condenados a muerte: Concepción Tristán López y María Jesús Dasca Pénelas, Manuel Cañaveras de Gracia, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez-Bravo Sollas.

Barcelona, 19 de septiembre. Por último, tuvo lugar un Consejo de Guerra sumarísimo contra Juan Paredes Manot, Txiki. La defensa sólo tuvo cuatro horas para prepararla, y aunque el acusado no fue reconocido por los testigos, pese a que tenía una característica muy clara –era muy bajo, medía 1,52 cm, por ello el alias–, el tribunal rechazó todas las pruebas y Txiki fue condenado a muerte.

Todos los recursos posteriores ante los capitanes generales de las correspondientes Regiones Militares fueron inmediatamente rechazados. Por lo tanto el día 20 de septiembre constaban once condenados a muerte: José Antonio Garmendia Artola, Ángel Otaegi Etxebarria, Manuel Blanco Chivite, José Humberto Baena Alonso, Vladimiro Fernández Tovar, Concepción Tristán López, María Jesús Dasca Pénelas, Manuel Cañaveras de Gracia, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez-Bravo Sollas y Juan Paredes Manot.

 

Todos estos procesos se celebraron sin ningún tipo de garantía, bajo una jurisdicción militar del año 1945, estuvieron cargados de un ensañamiento ideológico y político y contaron con personas nombradas ad hoc. El capitán general era el que designaba a los miembros militares del tribunal, que estaban seleccionados a dedo para cumplir su función. Pero en aquellos momentos, y ante la situación política y las contradicciones en las que se encontraba el régimen, había que dar sangre a los sectores inmovilistas, tanto militares como civiles. Se trataba de hacer un escarmiento, y poco importaba si los procesados que estaban destinados a ser ejecutados eran o no los autores materiales de los atentados, independientemente de su militancia en ETA o FRAP. Respecto a los procesos, la abogada franco-tunecina Gisèle Halimi que los seguía en España, escribió en un artículo titulado «Europa y el garrote», publicado antes de los mismos en el periódico Le Monde:

Los duros interrogatorios que se llevan a cabo permitirán la confección de ‘declaraciones’ adecuadas entre sesión y sesión, a cargo de los Torquemada franquistas. Construyen el sumario con la lógica acostumbrada: se distribuyen los papeles y cada uno tiene que aceptar el suyo. La puesta en escena policial ya está a punto: Blanco será el teórico de la acción, Tovar el responsable del comando, Sierra el conductor del automóvil y Baena el que abatió al policía. Así se matarán dos pájaros de un tiro: se habrán hallado a los culpables al mismo tiempo que se desembarazarán de unos cuantos individuos que se oponen activamente al fascismo.

Tras las condenas, el observador judicial Chistian Grobet, en nombre de la Federación Internacional de Derechos del Hombre y de la Liga Suiza de Derechos del Hombre, escribió: El que suscribe no puede por menos que comprobar una vez más que los derechos elementales de la defensa, es decir, el derecho que tiene el acusado a ser juzgado con equidad, ha sido menospreciado en España de la manera más grosera. Nunca ha tenido, desde que asiste a procesos políticos en España, un sentimiento tan acusado de asistir a tal simulacro de proceso, en definitiva una farsa siniestra, sobre todo si pensamos en la suerte que se reserva a los acusado. Es evidente que el régimen franquista no podía dejar impune el asesinato de un policía, sobre todo en el clima actual de represión que ha alcanzado su paroxismo con la promulgación de la Ley Antiterrorista, cuya finalidad es amordazar cualquier forma de oposición. Era preciso encontrar culpables para infringirles el castigo ejemplar exigido por ciertos sectores del régimen… ¿Pero son realmente culpables los miembros del FRAP que están siendo juzgados? ¿No pagan éstos por otros?

 

 

26 de septiembre

 

Tras los procesos, el general Mateo Prada Canillas, capitán general de Burgos; el general Salvador Bañuls Navarro, capitán general de Cataluña, y el general Ángel Campano López, capitán general de la I región militar (Madrid), confirmaron todas las sentencias y las 11 penas de muerte. Ahora le tocaba el turno al gobierno.

El Consejo de Ministros del viernes 26 de septiembre tuvo que decidir sobre los indultos a conceder a los condenados. El ginecólogo Ángel Sopeña dictaminó el embarazo de Concepción Tristán, que era verdadero, y certificó el inexistente estado de gestación de María Jesús Dasca. Esto hizo que ambas fueran indultadas. También se indultó a Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar y Manuel Cañaveras de Gracia, y por su estado físico a José Antonio Garmendia Artola. El resto de condenas se mantuvo.

A partir de la referencia del Consejo de Ministros empezaron las presiones para parar las ejecuciones. En España se realizaron gestiones desde el Colegio de Abogados de Barcelona con el Vaticano, y la madre de Otaegui visitó a los cardenales Jubani y Tarancón y al obispo Iniesta. A nivel internacional, Franco se vio más aislado del mundo que nunca. Las cinco condenas a muerte provocaron manifestaciones de rechazo por toda Europa: movilizaciones masivas en Italia, el asalto y quema de la embajada española en Lisboa, grandes concentraciones en Estocolmo encabezadas por el primer ministro Olof Palme, y en Helsinki con el presidente Uro Kekonen al frente. Alemania, Gran Bretaña, Dinamarca, Holanda y otros 13 países llamaron a consultas a sus embajadores en Madrid. El presidente de México, Luis Echevarría, pidió la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU para suspender a España como miembro de la organización. Pablo VI solicitó clemencia, pero Franco tampoco quiso atender la llamada de la máxima autoridad católica. Incluso no quiso escuchar a su hermano mayor Nicolás que le escribió pidiéndole que reconsiderara su decisión. Al acostarse dio la orden de que bajo ningún concepto se le despertara hasta el día siguiente.

Manifestación en París contra los fusilamientos de 1975

 

Esa noche, personalidades como Yves Montand, Costa-Gavras, Michel Foucault y Régis Debray presentaron en un hotel de la plaza de España de Madrid un manifiesto contra las condenas, firmado, entre otros, por Jean Paul Sartre, Louis Aragon y André Malraux. Fueron expulsados de España poco después. Luis Eduardo Aute compuso la canción Al alba, dedicada a los cinco condenados. Para burlar la censura, convirtió la protesta en un bello poema de amor que enseguida grabó Rosa León. En la actualidad, es uno de los temas recurrentes en cualquiera de los conciertos de Aute:

 

 

Fusilamientos

 

Txiqui fue fusilado junto al cementerio de Collserola, en las afueras de Barcelona. Aunque era pequeñito, le veíamos bien en la distancia, porque le habían situado sobre un montículo, relata la abogada Magda Oranich en el mismo lugar donde se produjo el fusilamiento. Aún hoy se puede ver el árbol junto al que los guardias civiles instalaron el trípode donde lo ataron para ejecutarle. Sobresalía por encima de la hilera formada por los guardias. Eran voluntarios del Servicio de Información, con barba y melenas. Se habían vestido de uniforme, con el tricornio, y la imagen que ofrecían era grotesca y brutal. Eran seis guardias y llevaban dos balas cada uno. Las empezaron a disparar de una en una, con saña. En su tumba está como epitafio una frase escrita por Che Guevara: Mañana, cuando yo muera, no me vengáis a llorar, nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad.

Otaegi, fue fusilado sin testigos, a las nueve menos veinte de la mañana, en la prisión de Burgos.

Los fusilamientos de los miembros del FRAP fueron en el campo de tiro de artillería del ejército de Hoyo de Manzanares. La Guardia Civil impidió asistir a los fusilamientos ningún familiar de los condenados, pese a ser ejecución pública; tampoco a periodistas ni abogados. El único civil que presenció las ejecuciones fue el párroco de Hoyo de Manzanares. Durante estos años, siempre ha rechazado relatar lo que vio, pero, lejos de las cámaras fotográficas, ha accedido a recordar el horror: Además de los policías y guardias civiles que participaron en los piquetes, había otros que llegaron en autobuses para jalear las ejecuciones. Muchos estaban borrachos. Cuando fui a dar la extremaunción a uno de los fusilados, aún respiraba. Se acercó el teniente que mandaba el pelotón y le dio el tiro de gracia, sin darme tiempo a separarme del cuerpo caído. La sangre me salpicó. A las 9.23 es fusilado José Humberto Baena, a las 9.40 Ramón García Sanz y a las 10:00 José Luis Sánchez Bravo. Los cadáveres de los tres fueron enterrados, la misma mañana de las ejecuciones. Posteriormente, los restos de Sánchez Bravo serían trasladados a Murcia, y los de Ramón García Sanz, después de varios años, al cementerio civil de Madrid, donde descansan hoy. El fotógrafo Gustavo Catalán Deus aún recuerda con nitidez la tensa escena que se vivió en el cementerio, con los cuerpos de los ejecutados todavía calientes: Las tres fosas estaban ya excavadas y apilaron los féretros sobre los montículos de tierra recién vaciada. Como las cajas quedaron inclinadas, empezó a correr la sangre por las esquinas. Había militares, policías, abogados y algún familiar. La tensión era enorme. Allí se habían congregado muchos miembros de la Brigada Político Social, desde el famoso comisario Yagüe a ‘Billy El Niño’. Se habían puesto corbatas de colores chillones para la ocasión.

 

 

Protestas

 

Como consecuencia de lo ocurrido, en numerosas empresas de todo el país se hicieron paros simbólicos de protesta. No hay que olvidar que una simple asamblea podía ser considerada como acto de terrorismo. En concreto, en el País Vasco y Navarra se realizaron manifestaciones en todas las poblaciones importantes que se reprimieron violentamente con fuego real, aprovechando que la región se encontraba bajo estado de excepción desde 1974 –condición decretada para dar vía libre a la represión de las protestas, que se declaraba por sexta vez desde 1967–. Como las protestas fueron ecuménicas, Franco organizó una gran concentración en la plaza de Oriente y logró repetir con voz agonizante la obsesión de su dictadura: Todas las protestas obedecen a una conspiración masónico-izquierdista, en contubernio con la subversión comunista-terrorista. En el balcón del Palacio apareció junto a todas las personalidades del régimen, con el entonces príncipe Juan Carlos entre ellos.

Último discurso de Franco junto a su comité y su sucesor, en el Palacio de Oriente. 1 de octubre de 1975.

 

 

Epílogo

 

Cincuenta y cuatro días más tarde moría el dictador. Murió como empezó, asesinando por fusilamientos, rodeado del hedor de la muerte que tardó demasiado en alcanzarle a él.

Esta historia todavía despierta un interés cultural notable, ya que quedó en la memoria como el último asesinato de la dictadura, aunque desde los siguientes gobiernos de España se haya intentado silenciar cualquier recuerdo anterior a 1978. Además de las reivindicaciones contemporáneas al fusilamiento, posteriormente se han producido documentales como La plataforma Memoria, Dignidad y Lucha (2005) y películas como La noche más larga (1991), de García Sánchez.

En otros niveles, los familiares y abogados de los ajusticiados han intentado repetidamente la revisión o anulación de esos consejos de guerra. Estrella Alonso Soto, madre de José Humberto Baena, continúa peleando para ello. Primero intentó ante los tribunales ordinarios que se la tuviera por parte en la causa que se siguió contra su hijo y le dieran vista de las actuaciones. Recibió una negativa. Recurrió en amparo al Tribunal Constitucional, que se negó a admitir a trámite su demanda –tiene recurrida esa decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos–. El Constitucional decidió no admitirla considerando que “la Constitución no tiene efectos retroactivos, por lo que no cabe intentar enjuiciar los actos de poder producidos antes de su entrada en vigor”. A todo esto, la familia de Baena nunca pretendió obtener una indemnización, sino que se reconociera la nulidad del Consejo de Guerra.

En otro caso, la Comisión de Evaluación de la Ley de Memoria Histórica ha denegado las ayudas contempladas en dicha Ley a la familia de José Luis Sánchez-Bravo Solla, condenado a muerte en un Consejo de Guerra en septiembre de 1975. En el escrito, se fundamenta la negativa en la «implicación» de Sánchez-Bravo Solla en un acto de terrorismo atribuido al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), pese a que nunca se probó en el tribunal. En una propuesta de resolución, se especifica que la condena a muerte de Sánchez-Bravo Solla se tramitó por Jurisdicción Militar y «se sustanció por el atentando» perpetrado por el FRAP el 16 de agosto de 1975. «El fallecimiento del señor Sánchez-Bravo Solla –recoge el escrito– no guarda relación con una circunstancia de reivindicación y defensa de las libertades y derechos democráticos, sino con la ejecución de una pena capital impuesta al causante porque en el procedimiento sumarísimo se apreció su participación en el asesinato de un guardia civil».

La resolución asegura que el FRAP es un «grupo terrorista» a partir de un informe de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, elaborado el 14 de mayo de 2009, que refleja que esta agrupación «fue una organización revolucionaria que recurrió al terrorismo para lograr sus objetivos». También parece que en este informe se olvidan de que el FRAP era una organización que luchaba por la restauración de la democracia robada con el golpe de estado de 1936, una organización que estaba presente en todo el territorio español, que sus militantes, apoyos y colaboradores sufrieron la más salvaje represión de los cuerpos policiales de la dictadura –a los cuales todavía nadie ha juzgado–. Y también parece que se olvidan que las democracias occidentales de 1975 –caso que no era el de España–, se movilizaron en los cinco continentes para reclamar justicia al dictador, reconociendo la lucha política por la democracia que estaba haciendo el pueblo español.

Como se puede ver, la Ley de Memoria Histórica deja mucho que desear. Por un lado sí que declara ilegítimos los Consejos de Guerra, pero por otro no declara la nulidad de las sentencias, llevando a conflictos como los que explico. Ahora mismo hay una vía abierta, pero es necesario exigir responsabilidades penales; está muy bien que esto se haga en Argentina, pero donde debemos seguir exigiendo que se haga es aquí. Somos el único país del mundo donde ha habido una dictadura y donde, al mismo tiempo, no ha habido ni una sola persona que haya sido juzgada, y ya no digo condenada, por estos delitos. Incluso, algunos de los miembros de los tribunales en los Consejos de Guerra de 1975 han seguido ascendiendo tranquilamente en el ejército, como el caso del ahora Teniente General José Miguel de la Calle, Jefe del Mando Logístico del Ejército de Tierra –nombrado en 2008 por Carme Chacón–.

Ni los gobiernos de UCD, PP ni siquiera los del PSOE quisieron intentar la revisión de estas y otras condenas, sobre todo de los tribunales militares del franquismo. Sobre esto escriben Chato Galante y Manuel Blanco Chivite en «El pasado presente«: En este terreno la formulación más rotunda fue la de María Teresa Fernández de la Vega que, a la hora de explicar la renuncia de la Ley de Memoria Histórica a revisar los procesos políticos de la dictadura, afirmaba que su gobierno se oponía radicalmente: “a una revisión judicial que contradiga los efectos de cosa juzgada de unas sentencias que son irrecurribles”. Lo que supone, al menos en ese aspecto judicial, reconocer sin ambages la legalidad de los procesos políticos del franquismo. Aunque se saldaran con el asesinato de gentes cuyo único delito era pertenecer al mismo partido político que la sra. ministra. Y hacerlo después de que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su informe de 2008 sobre España, recomendara a las autoridades adoptar las siguiente medidas: derogar la Ley de Amnistía de 1977; reconocer la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad; investigar los crímenes de la dictadura, reparar los daños causado y exhumar e identificar los restos de las personas desparecidas. La razón real de esta oposición numantina es obvia, la anulación de los procesos permite, a quien lo considere oportuno, exigir reparaciones por errores flagrantes de la justicia, cometidos por tribunales ilegales en aplicación de unas leyes manifiestamente injustas. Se reconocería así como un derecho, exigible e incondicional, lo que hasta ahora han sido subvenciones o donaciones miserables de distintos gobiernos, cuyo resultado final ha sido una nueva ofensa a quienes sufrieron la represión de un régimen fascista. Es más, en el caso de la gente detenida, torturada y encarcelada, se han permitido poner condiciones previas para recibir cualquier compensación, como su edad o el haber cumplido al menos tres años de condena. Además, la anulación de aquellos procesos abre la puerta a la depuración de responsabilidades de quienes los sustanciaron y dictaron sentencia. Es decir, permite una revisión cuyo objetivo no solo es recuperar la historia, sino fundamentalmente establecer quiénes formaron parte del aparato judicial y represivo de la dictadura, fijar responsabilidades políticas, en función de la gravedad de sus actuaciones, y penales para quienes cometieron crímenes contra la humanidad y por tanto imprescriptibles.

 

Frente a un país en el que los herederos políticos de una dictadura fascista siguen reinando y gobernando. Frente a un sistema en que los miembros de dicha dictadura se reconcilaron consigo mismos y decretaron su amnistía. Frente a un sistema judicial que sigue tan dependiente de la política como entonces, sin la decencia de revisar condenas de juicios artificiales. Frente a una Constitución que dejó tantos problemas como soluciones tras de sí, borrando cualquier hecho anterior a ella. Frente a una Transición que chantajeó a los partidos que combatieron a la dictadura desde dentro para recuperar el derecho a existir que ya era suyo. Frente a asesinos y torturadores sádicos que destruyeron en cuerpo y mente a quienes se atrevieron a pensar, protestar y luchar, que siguieron trabajando para otras dictaduras y organizaciones terroristas, y que 40 años después siguen impunes. Frente a todos ellos, sólo les digo una cosa: no descansarán en paz. Ni olvido ni perdón.

Salud y República.

 

 

P.D.: quiero dejar claro que nunca he defendido el terrorismo indiscriminado contra civiles o pequeños servidores del poder cuando los responsables mueren en la cama o pasan a vivir otra vida como demócratas intachables. Como he dicho, el FRAP fue era una organización revolucionaria nacida del PCE(m-l) que luchaba por la restauración de la democracia robada con el golpe de estado de 1936, presente en todo el estado español, cuyos militantes, apoyos y colaboradores sufrieron la más salvaje represión de los cuerpos policiales de la dictadura, y que cuando acabó la dictadura se disolvieron. Y de ETA no creo que deba explicar nada, aunque fue uno de los grandes grupos antifascistas en la dictadura, el régimen de terror que impusieron después de la muerte del Dictador sólo ayudó en los años de la Transición al triunfo de las tesis de los “demócratas” procedentes del franquismo, que con dicha excusa se infiltraron en el nuevo sistema político en aras de la paz, la reconciliación nacional y de la falsa unidad de la patria.

 

Fuentes
Blog del viejo topo – 27 de septiembre, 1975-2015. 40 años de los últimos fusilamientos de la dictadura franquista
Aquí fue Troya – Los últimos juicios del franquismo
El blog de Juanvi – Los últimos fusilados de Franco (1 y 2)
Último Cero – Ni olvido ni perdón; los últimos fusilados del franquismo
Unidad Cívica por la República – La vergonzosa impunidad de los crímenes fascistas